Editoriales

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Los directivos de ACAU iniciaron una auspiciosa ronda de contactos con autoridades nacionales, para aportar ideas respecto uno de los procesos que la gremial entiende sería bueno materializar en este período de gobierno: un plan de modernización de la flota de camiones, con la consiguiente chatarrización de las unidades antiguas que queden inoperativas.

Hasta el momento se han mantenido encuentros con las cúpulas de los ministerios de Transporte e Industria, además de las autoridades de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, para intercambiar opiniones y experiencias sobre el tema.

Las reuniones arrojaron resultados positivos, dado que en general fue bien recibida la intención de la gremial de poner en marcha un plan que facilite la modernización de la flota de camiones de las empresas de transporte de carga y de las particulares. Todo bajo el entendido de que esto permitiría optimizar los costos operativos de las compañías, reportaría beneficios medioambientales y mejoraría las condiciones de circulación vial.

En esas instancias, la delegación de ACAU transmitió que entiende que la forma idónea de llevarlo a cabo, es con un plan consensuado entre todos los actores del sector, que se inicie estableciendo por ley una antigüedad máxima permitida para la flota de camiones circulante en el país.

Si bien está claro que es el Poder Ejecutivo quien debe decidir,  corresponde recordar que son varios los ejemplos de mercados que han fijado la antigüedad tope por ley. Argentina, Colombia, Ecuador, España o México son algunos países en los que se aprobaron planes estatales con incentivos para el recambio de camiones. El tope máximo suele ubicarse en los 30 años.

ACAU presentó y explicó un detallado plan de base redactado por sus asociados - con ideas extractadas de iniciativas exitosas similares - que plantea los diversos aspectos a tener en cuenta para que se le hagan aportes que lo optimicen. Sin lugar a dudas un emprendimiento como el presente debe desarrollarse en forma programada, acordada, establecido con razonable anticipación e información y con el debido apoyo político, ya que entre otros puntos necesitará que el gobierno proponga alternativas de financiación para fomentar y facilitar la desafectación de las unidades usadas que deban ser chatarrizadas.

Los contactos iniciados en las últimas semanas permitirían reactivar la Mesa Sectorial de Transporte que en 2012 inauguró el gobierno de José Mujica, pero que quedó inoperativa hasta el presente ante la falta de avances en una propuesta concreta.

En esta oportunidad la idea es armar una mesa de diálogo más acotada. Su primer cometido sería el estudio pormenorizado del tema: por ejemplo qué mecanismos habilitar para que los propietarios de unidades más antiguas consigan renovar sus vehículos sin ser mayormente afectados, con qué incentivos, en qué período, etc., determinando en dónde y cómo se chatarrizarían los camiones que se entienda es beneficioso para el grueso de la sociedad que queden fuera de circulación.

Como se dijo antes principio quieren las cosas y lo primero que habría que definir es cuál es la edad máxima del parque automotor de cargas a la que razonablemente se debe apuntar, es decir cuál es la vida útil que se entiende adecuada para este tipo de productos en función de su impacto en la seguridad vial, en la trazabilidad de los vehículos, en su formalidad, en su interacción con el medio ambiente, la infraestructura y las tecnologías que se van imponiendo.

En el Anuario 2014 de ACAU, el actual Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi había manifestado su intención de avanzar en el tema, pero con una perspectiva de que “no haya privilegiados y discriminados”.

“Siempre es un tema delicado para abordar. Es evidente que regular significa poner límites y fronteras. Esas fronteras siempre generan molestias y dificultades. Y siempre son discutibles. Porque es una incidencia que deja de un lado a unos y de otro lado a otros. Creo que con esto explico lo cuidadoso que debe ser avanzar hacia una regulación que todos advierten como necesaria, pero que se tiene que llevar adelante con el cuidado de que no haya privilegiados y discriminados”, había afirmado el hoy secretario de Estado.

Al 30 de abril, última actualización publicada en el sitio web, el SUCIVE registró en todo el territorio nacional unos 66.340 camiones (unidades categoría B). De ellos, 18.413 (28%) son anteriores al año 1980. Unos 6.472 (10%) datan de la década del ochenta, unos 13.612 (20%) de la década del noventa y 27.843 (42%) son del año 2000 en adelante. Esto si no se consideran los numerosos vehículos no registrados que operan en forma informal.

A todas luces se trata de una flota antigua, que no condice con los esfuerzos que se vienen realizando por el país en aras de mayor seguridad, modernización y menor contaminación.